entrevista exclusiva

En Salta, de 66 jóvenes con problemas judiciales, solo 6 son menores de 15 años

Lo informó María Juncosa Llimos, directora de Justicia Penal Juvenil de la Provincia, quién habló acerca del proyecto sobre la edad de imputabilidad
lunes, 21 de enero de 2019 · 08:49

SALTA (Semanario EL Intra) – El proyecto del oficialismo sobre la ley de reforma del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil que básicamente busca bajar la edad de imputabilidad marcó la agenda nacional, y generó el debate de muchos organismos. Para conocer más al respecto El Intra dialogó de manera exclusiva con la directora de Justicia Penal Juvenil, María Juncosa Llimos, quien brindó detalles del trabajo que vienen realizando en Salta, y dio su punto de vista respecto al proyecto nacional.

  • ¿Cómo funciona en Salta el sistema de Justicia Penal Juvenil? y ¿cuál es el proyecto que tiene la provincia en este marco? y ver ¿qué opina usted respecto a esta modificación?

“Nosotros en la provincia de Salta, desde el año 2009, se crea la Dirección de Justicia Penal Juvenil, trasformando lo que eran las lógicas de las comisarías de menor, para empezar a trabajar en lo que era la especialización del Sistema Penal Juvenil. En ese, sentido a pensar que pasan 9 años, seguimos trabajando en ese punto, es decir, seguimos reformulando y adecuándonos a los paradigmas nacionales e internacionales, vinculados al sistema penal juvenil. Si bien tenemos una ley que data del año 83, que es la ley Nº 22.278, que está en estos momentos en discusión, hay muchísimos tratados internacionales, y demás leyes, que han salido a nivel nacional en la cual se deben fortalecer los derechos de los niños adolescentes y que tiene rango constitucional, sobre todo en los tratados internacionales, es decir que nosotros en Salta trabajamos en pos de diseñar e implementar políticas públicas vinculadas al respeto, y a garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. La Dirección General de Justicia Penal Juvenil es el organismo que tiene el Poder Ejecutivo, que tiene como misión la asistencia, la promoción, y la inclusión social de los niños, niñas adolescentes, para todos los derechos humanos que se encuentran consagrados, en la Constitución provincia, nacional, y en los tratados internacionales.

Los dispositivos penales juveniles se refieren a que son dispositivos especializados que tiene el Estado para implantar una medida judicial sobre una infracción, o una presunta infracción, que cometió un menor. Entonces el juez determina una medida judicial y ahí es donde lo envía a uno de estos dispositivos penales juveniles que son del Poder Ejecutivo, y ahí es donde nosotros hacemos la intervención y la coordinación con diferentes instituciones, con diferentes disciplinas, con diferentes normativas administrativas, con diferentes prácticas, para hacer la intervención de los adolescentes y trabajar en su proyecto de vida, planificar en la inserción o la reinserción de ese adolescente en la comunidad, y en su proyecto para la construcción de ciudadanía.

  • Cuando usted mencionaba esto de respetar los derechos de los menores, ¿cuáles son?, al margen de los que ya se conocen en general

“Los derechos de los menores, es el derecho a una vida digna, derecho a la educación, a la recreación, al acceso a la cultural, a la salud, el derecho a la salud es muy amplio porque hablamos de la salud física, hasta lo que es el tema de adicciones, eso es algo que tenemos que abordarlo porque es un derecho a que tengan goce de una buena salud, entonces es a eso a lo que debemos apuntar, al tema de la salud metal, derecho a una vivienda digna, derecho a jugar, a no trabajar, a ir al escuela, a esos derechos, y por más que ellos se encuentren privados de su libertad por una medida judicial, nosotros tenemos que garantizar que a esos derechos los tengan”.

  • Cuando hablamos de los menores, muchos sostienen que la situación en Bueno Aires, no es la misma que en Salta en materia delictiva ¿esto es así?

“Si, en realidad, pensado en proporción poblacional, por supuesto no podríamos compararnos con lo que es la provincia de Buenos Aires. Pero la realidad es que, a nivel general, y salió un informe que hizo Unicef hace muy poco, donde señalan que los hechos cometidos por los menores son muy bajos en porcentaje, si bien los hay, pero la realidad es que es muy bajo.

En particular en la provincia de Salta nosotros tenemos muy pocos casos de adolescentes en conflicto con la ley penal, mas varones que mujeres, y también la realidad es que su mayoría son de 16 y 17 años”.

  • Nos son menores de 15

“Exactamente, tenemos casos muy excepcionales, pero es muy bajito el porcentaje”

  • ¿Y se pude conocer, más o menos, de qué hechos estamos hablando?

“Y las causas son desde hurto, hasta causas más grave como ser abusos u homicidios, pero eso estamos convencidos como provincia que en realidad el sistema de protecciones es el que debe actuar ante determinados causa, sobre todo cuando se trata de menores de 16 años. Y teniendo 16, 17 conjuntamente con el sistema de protección”.

  • En estos casos en general, de los menores de edad que ustedes trabajan, ¿hay mayor cantidad de hombres o de mujeres?

“De hombres, tenemos mayor cantidad de hombres en general en toda la provincia”.

  • ¿Y se puede tener un estimativo de cuantos son los menores que están en estas situaciones?

“En estos momentos, al día de hoy, tenemos; el número varia permanentemente, pero a la fecha tenemos 66 jóvenes en toda la provincia con todos los dispositivos pénales juveniles que tenemos en Orán, en Tartagal, en Metán y en Salta Capital, tenemos 66 en toda la provincia y en el caso de menores de 16 años de esos 66 tenemos 6 adolescentes”.

  • Todos por casos así de situaciones leves por decirlo de alguna manera.

“Todos son causas que varían, algunas son leves, y algunas son un poquito más grave

  • ¿Cómo intentos de homicidio?

“Exactamente”

  • Ustedes dentro de la tarea que hacen con los menores, ¿tratan de que no vuelvan a reincidir? ¿cuál es la capacitación, el acompañamiento que se les brinda?

“Si, nosotros desde el momento que ingresa un adolescente al Sistema Penal Juvenil, trabajamos para su egreso, es decir, diseñamos todas políticas publicas e intervenciones que tengan que ver con esto que te decía de pensar en la inclusión para que vuelva a la comunidad con un proyecto de vida, y con una construcción de ciudadanía formada, o para dar continuidad una vez que está afuera, y por supuesto trabajar para que no regrese, es decir, que no suceda la reinserción. Aquí, en los dispositivos penales juveniles, nosotros hacemos todo lo que es el monitoreo, el acompañamiento, y todo lo que es la supervisión de los adolescentes cuando se encuentran privados de su libertad, es decir, en algún dispositivo penal juvenil, y también los acompañamos cuando están afuera, en el momento en que salen.

Trabajamos en lo que es la red social familiar, la red comunitaria, siempre desde la medida judicial, siempre con causas penales, y el objetivo principal es fundamentalmente acompañar al joven en la elaboración de un proyecto de vida, que pueda alejarlo en su vinculación al ámbito penal, promover su inclusión en la comunidad a través de ese ejercicio de ciudadanía de esta construcción de ciudadanía”.

  • ¿Cuál es el rol de los papás en este caso?

“No siempre hay papás, muchas veces son jóvenes que no tiene una familia tipo. Preferimos trabajar en lo que se llama referente, puede ser una mamá, o un papá, un tío, un abuelo, algún hermano, o un vecino que de repente es su referente. En muchos casos son chicos que estuvieron con el Sistema de Protección, es decir, con medidas excepcionales de protección a lo largo de su vida, entonces vienen de los hogares directamente.

 

Pero en el caso de haber un referente, o una familia con papá, mamá y hermanos, se trabaja también desde que ingresan aquí con entrevistas, con un acompañamiento a la familia, y también con el tema de lo que es el fortalecimiento familiar, porque entendemos que si nosotros desde el Estado no hacemos nada para poder mejorar las condiciones del contexto del cual vienen estos jóvenes, hay muchas probabilidades que vuelvan. Entonces tenemos que trabajar fuertemente, por supuesto con todos los ministerios que hay, con todas las organizaciones civiles, desde Iglesia, clubes de barrio, fundaciones, asociaciones, universidades, municipalidades, para tratar de trasformar un poquito este contexto de los adolescentes”. 

  • ¿Ustedes desde cuándo están trabajando de esta manera?

“Desde el año 2009 es cuando el Gobernador decide realizar la Dirección General de Justicia Penal Juvenil, creando estos Centros Penales Juveniles. En estos momentos yo estoy transitando el 4to año de gestión, y a punto de fortalecer esta decisión del Gobernador de la especialización del Sistema Penal Juvenil. Esto quiere decir, poder tener medidas alternativas a la privación de la libertad en primer lugar, es decir, que el dispositivo del régimen cerrado sea la última medida que se aplique judicialmente. Y para eso es que estamos trabajando en la refuncionalización del instituto Miguel Torino, que queda en Cerrillos. Es un régimen semi abierto, es decir, que se trabaja mucho con la comunidad y también con un programa de inclusión social y abordaje territorial para acompañar a los adolescentes, pero dentro de su contexto de la vida comunitaria.

También lo que venimos trabajando fuertemente en el tema de la articulación es en mesas de trabajo, mesas interministeriales, Inter poderes, es decir Poder Ejecutivo, legislativo y judicial, con fundaciones, clubes, etc”.

  • Solos no pueden de alguna manera

“Nosotros de la Dirección tenemos todo lo que es la parte penal como una medida penal, pero como planteaba, en el momento en que ingresa un adolescente pensamos en su egreso, y en esto de pensar en su egreso tenemos que trabajar si o si en lo que hay afuera, ya sea del Estado o no. Con la familia, con los referentes que haya, si hay hogares con los hogares, cada intervención es de un adolescente y cada uno tiene su historia de vida y a partir de ahí tenemos que empezar a trabajar, pensar todo, pensar si hay o no una situación de consumo problemático, que se hace ante esas situaciones, si tiene DNI o no, si va a la escuela o no, cada caso es particular”.

  • ¿De esos 66 casos, se tiene un estimativo de cuantos de estos menores consumo drogas?

“El 95%”.

  • ¿Ustedes pudieron tener acceso a este proyecto para bajar la edad de la imputabilidad?

“Si, yo pude ver algunos puntos que estaban, que se estaban tratando. Resalto en primer lugar, si me parece importantísimo, que ahora en sesiones extraordinarias se trate el tema, porque es una ley que todos los años, a lo largo de muchos años, se intenta cambiar, se la discute y se presentan proyectos, pero después queda sin efecto eso. Como ocurrió en 2017, el Gobierno Nacional vuelve a poner en la agenda el tema de la reforma de esta ley y poniendo sobre tema la baja de imputabilidad a los 15 años.

En líneas generales me parece que primero no hay que centrarnos en el tema de la baja, no es la cuestión la baja primero, porque como decíamos al principio, el porcentaje de delitos graves cometidos por adolescentes es ínfimo. Es real que los hay, y es real que hay que pensar que se hace con los adolescentes, pero es ínfimo en cuestión a los que sucede con los adultos. Por otro lado ya hay varios instrumentos internacionales y nacionales que hablan de derechos humanos, niñas, niños, y adolescentes, y pensar en una baja de edad seria como un retroceso por estos derechos confiscados desde la Convención de los Derechos del Niño, hasta la ley Nº 26.071. Entones me parece muy importante que se debe tratar la reforma de esta ley, pero apuntando a generar políticas públicas integrales para las y los jóvenes. En este sentido tiene algunas cuestiones generales que si plantea. El tema de las medidas alternativas, el tema de mediación de la justicia restaurativa, que son cosas que nosotros venimos trabajando aquí en la provincia de Salta. Es decir, dejaría de lado el tema de la baja, que eso no se discuta”.

  • De alguna manera la edad no tiene nada que ver, hay que trabajar en las políticas directamente

“Hay cuestiones que no podemos retroceder, y nosotros tenemos que trabajar con los adolescentes, pero de 16, 17 años. En ese sentido fortalecer y garantizar el derecho como debe ser, deberes y obligaciones, y crear la responsabilidad penal. Hay que trabajar en eso, en la responsabilidad penal juvenil; pero bajando la edad vamos a generar que tengamos más jóvenes en el sistema penal y no sería una solución porque tenemos que trabajar más, desde mi punto de vista y a nivel personal, en lo que es la prevención. Prevenir que ingresen más adolescentes al sistema penal, no podemos hacer que el sistema penal quiera penalizar justamente algunas cuestiones que tienen que ver con políticas públicas. En ese sentido el Gobierno Nacional debería plantear la reforma de la ley, lo cual es urgente, manteniendo la edad y sosteniendo las medidas socioeducativas que proponen. En todo caso, las mediadas que se propone también a nivel socioeducativo son las que la ley de niñez debe garantizar, que estos adolescentes de 14, 15 años no ingresen al sistema penal. Es decir, la ley Nº 26.061 debería ser la base de todo, y a partir de ahí, hay una excepción, y que la excepción sea la penal. Tiene que ser una excepción, no tiene que ser una regla”.

 

  • Dentro de todos estos temas, saltaron algunos abogados con distintas expresiones al respecto. Muchas de ellas diciendo que bajar la edad de imputabilidad apunta directamente a los derechos de los niños menores y adolescentes, ¿usted coindice?

“Si, porque como decía, va contra la base de los niños, niñas y adolescentes en la Convención de los Derechos del Niño. En Argentina tenemos la ley Nº26.061. Esta ley, por ejemplo en su artículo 19 menciona que la privación de la libertad deber ser el último recurso para cualquier niño adolescentes y no pude implicar la vulneración de los derechos de estos niños y niñas adolescentes. Si nosotros estamos poniendo como regla que ingresen al sistema penal también jóvenes de 14, 15 años, estamos haciendo un retroceso, porque la excepción debe ser lo penal, entonces debe mantenerse los 16, 17 años, y trabajar en fortalecer el Sistema Penal Juvenil. Fortalecer la responsabilización, el trabajo con las víctimas, el trabajo de la justicia restaurativa, que no sea un castigo, sino pensado desde una intervención socio educativa que responsabilice al adolescente que cometió un error, que cometió un delito, y se les está dado otra oportunidad, y otra alternativa. Pero no sería la solución que ingresen más jóvenes, y a parte a nivel internacional también se pudo ver que esto fracaso en muchos países cuando se intentó bajar la edad, y ya se estableció que la edad es de 16 años en años, entonces hacerlo ahora sería como un retroceso”.