LEGISLACIÓN

Temen que la agenda electoral juegue en contra de las reformas penales pendientes  

El Código Penal argentino no ha sido reformado desde 1921, está a la espera de una nueva actualización
martes, 15 de enero de 2019 · 00:29

SALTA (Redacción). Mientras la reforma del Código Penal espera su turno para ser presentada y posiblemente convertirse en motivo de una fuerte disputa política, el nuevo Código Procesal Penal, ya sancionado, aún no pudo ser implementado. Con lo cual los cambios propuestos en justicia penal siguen a “medias”.

Si bien “lo urgente no deja tiempo para lo importante”, esto no debería restarle valor. Y sobre todo, cuando se trata de un proyecto tan importante y vector como la reforma del Código Penal, el que no tuvo una actualización oficial desde 1921.

Aunque sí tuvo reformas parciales, aproximadamente unas 900, el Código Penal de la Nación exigía una reforma total que le permitiera estar a la altura no sólo de los nuevos delitos, sino también de los cambios en el sistema penal actual.

Con ese objetivo, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, a través del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, puso en marcha una serie de cambios que le permitieran a la justicia penal actualizarse y, con ello, tornarse más eficiente.

Así nación lo que Garavano denominó Justicia 2020, tal vez con la intención de llegar a esa fecha con una justicia renovada, algo que ahora corre serios riesgos, tanto por la demora en llevar adelante estos cambios, como por el choque que este debate tendrá en un año netamente electoral, en el cual el oportunismo político no dejará ningún desperdicio.

Para esta importante reforma, cabe recordar, Macri creó por decreto, 103/17, una Comisión de Reforma, la que dejó en manos del juez de Casación, Mariano Borinsky, mientras que el director Nacional de Política Criminal, Carlos González Guerra (secretario), quedó como el hombre fuerte del gobierno dentro de los reformistas.

Para esta tarea, Macri nombró como integrantes de la comisión al juez del Tribunal Oral en lo Criminal N°6, Guillermo Yacobucci (vicepresidente); el fiscal de la Procuración General de la Nación, Pablo Turano (secretario adjunto); el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques; el procurador general de Salta, Pablo López Viñals; la jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal N°26 de CABA, Patricia Llerena; el juez de Cámara Criminal y Correccional de Córdoba, Víctor Vélez; la secretaria letrada de la Corte Suprema de la Nación, Patricia Ziffer; el subsecretario de Articulación con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad de la Nación, Guillermo Soares Gache; la asesora general tutelar del Ministerio Público Tutelar de CABA, Yael Bendel; y el profesor de la Universidad de Buenos Aires, Fernando Córdoba.

Los reformistas

En su decreto de creación, el presidente señaló que la comisión tenía como objetivo “alcanzar una adecuada sistematización y ordenamiento de toda la normativa penal y reunirla en un único cuerpo legal ágil, moderno, posible y sistemático”.

De esta manera, esta comisión, la número 18 creada por distintos presidentes en busca de reformar el Código Penal, comenzó a funcionar con reuniones periódicas en oficinas del Ministerio de Justicia, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los primeros encuentros fueron cruciales, pues en los mismos se definieron posiciones y, como era de esperar, este ejercicio alejó a varios de los integrantes, muchos de los cuales llegaron a la mesa con una flota de asesores que, en definitiva, no aportaron mucho.

Puede decirse que de los 15 integrantes, quedaron en pie tres grupos, cada uno bien distinguido. Un sector académico, o grupo duro, otro más propenso a los análisis políticos y cuestionamientos que puedan venir desde ese flanco, y un tercer sector que agrupó la opinión del interior.

Sin sobresaltos, los reformistas no tuvieron problemas para coexistir y llevar agua para su propio molino, sin afectar el objetivo principal: la reforma del Código. Los tiempos de entrega del proyecto, en tanto, se cumplieron tal cual fue estipulado.

Más allá de las diferencias, la reforma quedó lista para ser entregada a Macri, quien, lejos de cumplir con los tiempos por él mismo dispuesto, postergó la recepción del proyecto hasta en tres oportunidades, con lo cual surgieron expresiones de decepción en algunos integrantes de la comisión, quienes esperaban que su trabajo sea tratado antes del cierre del año legislativo.

Las urgencias económicas y alguna que otra crisis de neto corte político, llevaron al gobierno nacional a dejar de lado el proyecto hasta que finalmente, Garavano anunció oficialmente que la reforma será presentada oficialmente en marzo de este año.

Para sortear los cuestionamientos por la falta de cumplimiento en la agenda de este proyecto, el Ministro señaló que el asunto es “muy complejo. No se hizo en 100 años”. Con este argumento, la reforma penal se fue a “marzo”.

Oportunismo

Pese a que las explicaciones parecieron entendible en su momento, ahora no lo son tanto, pues el tratamiento de la reforma estallara en un año de constante puja electoral, en el cual el “oportunismo político” podría poner el serio riesgo los cambios propuesto por los reformistas.

Aunque ninguno salió al cruce, fuentes cercanas indicaron a este medio el temor que tienen algunos de los integrantes de la comisión. Si bien era esperable que el gobierno y ciertos sectores hagan o discutan algunos cambios, el debate ahora será en un escenario muy distinto.

Debatir un proyecto de esta naturaleza a la par de candidaturas podría dejar a la reforma en un terreno peligroso, donde pueda tornarse en “moneda de cambio” para la aprobación o, en su defecto, rechazo al proyecto o parte del mismo.

Con ello, se especula que la discusión abandone el terreno racional y jurídico por una puja política, sin atención a la esencia de la reforma en sí. De ser así, el proyecto corre grave peligro decantar en cambios que, lejos de actualizar el sistema penal, podrían ponerlo aún en un mayor estado de crisis.

La advertencia no parece caprichosa, pues en los últimos años los distintos partidos políticos, tanto desde el oficialismo como la oposición, se dieron cuenta de que el tema judicial está en la agenda del elector, quien quiere cambios profundos en esa área.

Prueba de ello son los numerosos proyectos que, lejos de esperar a la discusión de la reforma del Código Penal, el mismo oficialismo se adelantó a plantear ante el Congreso, como la baja de imputabilidad para los menores, a quienes pretenden hacerlos responsables penalmente desde los 15 años.

Este tema, curiosamente, fue discutido por la Comisión de Reforma, quienes llegaron a pensar que la edad debería bajar aún hasta los 14. Pero, al margen de si es más o menos, el tema ya está en el proyecto, por lo que no se entiende su  planteamiento, al menos, desde el mundo judicial.

Otros aspectos claves

Frente a los fuertes vientos que la reforma deberá enfrentar en marzo, a los operadores de la justicia penal también les preocupa otro aspecto no menor, como la implementación de la Reforma del Código Procesal Penal de la Nación, el cual debería ya estar en marcha.

Se prevé que la implementación total de este nuevo código demandará, al menos, cuatro años para su funcionamiento en todo el país. De ser así, y al paso que vamos, al plan “Justicia 2020” habría que aumentarle unos cuantos años más.

La implementación, según lo anunciado por el gobierno nacional, debería haber comenzado en octubre del año pasado, desde los extremos al centro, siendo las provincias de Salta y Tierra del Fuego, las primeras en aplicarlo, pero eso tampoco sucedió.

Como con el Código Penal, el gobierno suspendió la implementación sin dar ningún argumento, aunque deslizaron que respondería a una cuestión de falta de presupuesto, situación que podría extenderse en el tiempo, pues la crisis económica está a la orden del día en este país.

Si esto es poco, cabe recordar que en la agenda de temas a tratar en el Congreso de la Nación, aún se encuentra la designación de, al menos, 94 cargos de jueces federales, sin contar las constantes crisis interna en la Corte Suprema de Justicia y la ausencia todavía de un titular oficial en la Procuración General de la Nación.