JUSTICIA

Le revocan la prisión en suspenso por quitarse la pulsera electrónica

El hombre, además, rompió al menos 7 de las obligaciones impuestas por la jueza que lo condenó
viernes, 12 de abril de 2019 · 14:23

SALTA (Redacción) – La condicionalidad de la condena de dos años de prisión en suspenso que se le había impuesto en febrero a Héctor Andrés Aguirre fue revocada. Así lo decidió la jueza María Victoria Montoya Quiroga, vocal de la Sala II del Tribunal de Juicio, quien decidió que la pena sea de cumplimiento efectivo luego de verificar que el condenado incumplió al menos siete de las obligaciones impuestas al momento de concederle la libertad provisoria. El condenado de 21 años fue autor material y penalmente responsable de los delitos de lesiones leves agravadas por la relación preexistente y por el género (tres ocasiones) y desobediencia judicial (dos ocasiones).

El 19 de febrero pasado, en juicio abreviado, la Sala II había dispuesto la libertad del condenado por modalidad condicional. El criminal, para no ir a prisión, debía cumplir una serie de reglas de conducta y someterese a utilizar un dispositivo de pulsera electrónica del Programa SUMA (Sistema Único de Monitoreo de Agresores). Si cualquiera de los términos de prueba era roto, podría revocarse la modalidad de suspenso. 

El Programa Suma envió informes al juzgado, detallando que el imputado cambió de domicilio sin informar al tribunal, incluso cuando se le comunicó que debía cumplir con esa obligación. Además, el domicilio al cual se mudó estaba prohibido ya que se encontraba a menos de 1500 metros de la casa de la víctima. 

Otra falla en los requisitos fue que el imputado se quitó dos veces la pulsera electrónica que debía utilizar durante tres años. Al tener que ejercer una considerable fuerza física para con el dispositivo, el acusado quedó en evidencia de resistirse al control y la vigilancia durante el periodo de prueba.

Otra violación grave en la que incurrió fue haber establecido contacto con la víctima, quien según el juzgado, carece de percepción del peligro que le puede generar el hombre por naturalizar la violencia. El condenado tampoco cumplió con la condición de iniciar tratamiento psicológico y psiquiátrico, reglas que claramente se establecían en el fallo condenatorio.