Mendoza ya propuso el suyo

El proyecto de “extinción de dominio” de Macri genera desigualdad en las provincias

Sucede que el gobierno nacional, en su DNU, solo previó la aplicación de esta herramienta para las causas que se tramitan en la justicia federal
martes, 05 de febrero de 2019 · 19:45

SALTA (Semanario El Intra) - Esta situación ya fue advertida y desde el gobierno provincial de Salta no se descarta la posible redacción de un proyecto propio para la implementación de la extinción de dominio en territorio salteño, tal como ya lo hizo el gobierno de Mendoza.

Al respecto, el Procurador General, Pablo López Viñals, realizó en los últimos días declaraciones sobre este punto, el que ya hizo conocer al Poder Ejecutivo a fin de que se instrumenten los medios para que la provincia no quede expuesta a una implementación despareja de este instrumento legal.

Como ya se conoce, el 21 de enero pasado, el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Decreto Nacional de Urgencia 62, dispuso la implementación de un régimen de extinción de dominio, para lo cual dispuso la reforma del Código Civil y Comercial y de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

En concreto se dispuso la sustitución del artículo 1907 del Código Civil y el artículo 5 de la Ley de Ministerio Público Fiscal, con lo cual se busca poner en marcha el llamado Régimen Procesal de la Acción Civil de la Extinción de Dominio.

La decisión de avanzar con un DNU para finalmente lograr la implementación de esta herramienta, con la cual se pretende dotar a las fiscalías y las fuerzas de seguridad con infraestructura necesaria para combatir el narcotráfico, no cayó bien en los distintos sectores político, por lo que ahora se evalúa que el proyecto tenga tratamiento en el Congreso de la Nación antes de su aplicación.

Si bien esto puede ser considerado un paso atrás, el gobierno nacional no lo interpreta así y resalta el hecho de haberlo puesto en la agenda de los legisladores y de la sociedad que ve la aplicación de este régimen como una importante alternativa para igualar la lucha contra el crimen organizado.

La aplicación de este régimen, sin embargo y como está redactado, no garantiza la aplicación total a todas las causas de narcotráfico, por ejemplo, el decreto de Macri establece la extinción de dominio sobre bienes incautados en las causas federales, pero nada dice de los casos que manejan las provincias, en especial, las de decidieron adherir a la desfederalización de drogas, como Salta.

Por ello, en los últimos días surgieron interrogantes al respecto que llevaron a que el asunto sea motivo de algunas reuniones en busca de corregir este aspecto del proyecto nacional, lo que podrían hacerse con un proyecto de Ley que adecúe el régimen a las causas existente en la justicia provincial, decisión que ahora está en manos del Gobierno de la Provincia.

 

¿Qué es la extinción de dominio?

 

Se trata de un término que se utiliza en Latinoamérica al momento de referirse a una forma particular en la que el Estado le quita a una persona la propiedad de determinados bienes relacionados con un delito. Generalmente, se trata de las ganancias generadas (por ejemplo, el dinero cobrado por la venta de cocaína), pero también puede abarcar otros casos, como la trata de personas, el crimen organizado y hechos de corrupción en contra de la administración pública.

Esto sucede, por lo general, en el marco del fuero penal, donde las leyes permiten en “decomiso”, instancia que generalmente se puede aplicar sólo cuando la persona es condenada por el delito, o sea cuando llega a juicio, lo que en Argentina, puede demorar años.

En busca de sortear esta situación, varios países de la región -al mismo tiempo que mantienen el decomiso por vía penal- generaron instrumentos legales que permiten un proceso de “extinción de dominio” a desarrollarse en otros fueros.

Incluso, en algunos países, se crearon un fuero destinado específicamente para llevar adelante la extinción de dominio con jueces que únicamente intervienen para estos casos, por lo general se trata de magistrados de la justicia civil.

La principal diferencia radica en que al no tratarse de un proceso penal (donde se aplica el decomiso), en la extinción de dominio no existe una condena para la persona propietaria del bien. Lo que existe es una sentencia de un juez que declara que el bien está vinculado con un delito, pero no es necesario que un juez penal condene a la persona por ese delito para que se pueda recuperar el bien y disponer de él.

Según distintos juristas, la extinción de dominio debe entenderse como una consecuencia jurídico-patrimonial de actividades ilícitas que consiste en la declaración de titularidad a favor del Estado de los bienes que disponga la propia ley, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna, que debe proceder sobre cualquier derecho cuando el bien o los bienes provengan, entre otros supuestos, directa o indirectamente de una actividad ilícita.

 

Proyecto propio

 

La necesidad de generar un instrumento legal propio para que la extinción de dominio llegue a la provincia con mayor impacto fue propuesta por López Viñals, quien resaltó que el proyecto del gobierno nacional coloca a las provincias en una situación de desigualdad frente a la ley, pues el régimen que impulsado el gobierno nacional, sólo tiene alcance a causas dentro de la justicia federal.

De esta manera, las provincias quedarían en una situación indefinida y deteriorada, pues las reformas que se propusieron impedirían la aplicación de la extinción de dominios, por ejemplo, para los bienes que hasta el momento se secuestraron en la provincia en materia de microtráfico o desfederalización de drogas, sistema que se aplica en Salta desde el 1 de enero de 2014.

En consecuencia, no se descarta que el gobierno provincial y legisladores locales avancen sobre esta posibilidad, tal cual lo hizo Mendoza, donde Cornejo dispuso, de manera llamativa, que el uso del dinero producto del decomiso de bienes provenientes de delitos como el narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero y otros, sea utilizada para la construcción de escuelas.

En el caso de Salta y otras provincias que adhirieron a la desfederalización de drogas, sistema que dejó la persecución penal del microtráfico en manos de la justicia provincia, la provincia enfrentó la aplicación de este régimen a partir de recursos provinciales, puesto que la Nación no remitió nunca los fondos correspondientes y dispuestos por ley.

 

Caso de Mendoza

 

López Viñasl resaltó el paso dado por el gobierno de la provincia de Mendoza en los últimos días, donde el gobernador, Alfredo Cornejo, impulsa un régimen propio a través de un proyecto de ley que tiene como objetivo reformar el código procesal civil provincia y la Ley de Ministerio Público Fiscal a fin de que la extinción de dominio llegue a todas las causas provinciales.

Como presidente del Consejo Federal de Política Criminal, López Viñals indicó que en el caso de Mendoza se advierte ya un proceso que tiende a equilibrar la aplicación de este instrumento, el cual tiene como fin principal el uso de los bienes provenientes de un accionar delictivo a partir del correspondiente decomiso.

La esencia del régimen, según se advierte en el DNU del gobierno nacional, apunta al uso de estos bienes a fin de que el órgano de persecución penal, en este caso el Ministerio Público Fiscal, sea dotado con todos los elementos necesarios que le permiten combatir el delito de igual a igual.

Por otra parte, cabe señalar que el artículo 5 de la Constitución Nacional, faculta a las provincias a establecer “una constitución para sí”, en la cual no sólo se atengan a declaraciones y garantías de la carta magna nacional, sino también “asegure su administración de justicia”.

Esta norma, agregó, faculta a las provincias y sus gobiernos y legisladores a dispones los medios, a través de leyes o decretos, a fin de disponer todos los elementos necesario para establecer un eficaz servicio de administración de justicia.