A juicio una médica por mala praxis

Graves falencias quedaron expuestas por la muerte de una mujer en un centro médico

En el lugar no contaban con un desfibrilador y la habilitación correspondiente para la práctica que llevó a la muerte a una empleada judicial
martes, 12 de febrero de 2019 · 13:29

SALTA (Redacción) - Mientras la médica enfrenta una posible condena por el delito de homicidio culposo, calificación que tiene una escala penal de 1 a 5 años de prisión, las graves falencias descriptas en el escrito judicial podrían generar serias complicaciones al centro médico donde el 13 de abril del año pasado, murió María Cristina Ulibarri, de 53 años.

En el análisis de todas las pruebas producidas y reunidas en el marco de la investigación, el fiscal penal, Pablo Rivero, de la Unidad de Grave Atentados contra las Personas, fue muy duro y contundente respecto a la conducta que demostró la médica imputada, Norma Beatriz Brandoni.

Al respecto, este medio pudo tener acceso al requerimiento de juicio elevado al juzgado de garantías 4, a cargo del juez, Diego Rodríguez Pipino, quien ahora deberá llevar adelante los trámites de rigor a fin de que la causa siga su curso hacia el Tribunal de Juicio.

Ulibarri, según el pedido de juicio, acudió al centro médico de calle Santa al 100, donde había acordado someterse a una “infiltración radicular”, práctica con la cual la paciente esperaba disminuir dolores que padecía a raíz de pinzamientos en la zona lumbar y cervical.

Para esta práctica, Ulibarri se presentó junto a su hermana, Laura, quien estuvo en la sala de espera sin seguir de cerca los entretelones que llevaron a la muerte a la víctima, quien a pocos de comenzar la práctica experimentó un fuerte dolor que llevó a Brandoni a detener el procedimiento, tras lo cual la paciente pareció recuperarse, pero ello sólo fue la calma previa a la tempestad, en este caso mortal.

Para develar lo sucedido en el centro médico, el fiscal se respaldó en parte en la declaración testimonial de una empleada que asistía a la médica durante la práctica, la cual consiste en la aplicación de inyecciones con anestesia que, a través de un tomógrafo, son aplicadas de manera exacta en la zona donde el paciente padece el dolor.

Casualmente, esta testigo reveló que la paciente ya se había sometido a prácticas similares en el año 2017, y que dos días antes del procedimiento que le costó la vida, también se había presentado a fin de someterse a la infiltración, pero como no tenía todos los estudios sólo se pudieron aplicar dos de las cuatro inyecciones que tenía prescriptas.

Al regresar, con los estudios que faltaban, una resonancia magnética y una espinografía, según lo aportado por la testigo, la médica dispuso seguir adelante con el resto de las inyecciones. Casualmente eran dos que debían aplicarse en la zona cervical, un área que a la paciente le infringía mucho dolor.

La testigo reveló que su tarea consistía en verificar casualmente que los pacientes presenten los estudios, como así también ayudar a la médica. Indicó que la sala está dividida en dos sectores, uno en el que se encuentra el tomógrafo y la camilla y otro, donde está ubicada la consola de mando, lugar que habitualmente ocupa.


Estudios previos

En su testimonio, la testigo reveló que la médica no interrogó previamente a la paciente respecto a la práctica a la que iba a someterse, como así tampoco le informó sobre los riesgos ni le requirió otros estudios médicos aparte de los dos que Ulibarri presentó.

Respecto al momento en que se descompensó la paciente, reveló que la misma se quejó por un dolor, tras lo cual la médica se dedicó a tratar de animar a la mujer, pero como no pudo le pidió que pidiera una ambulancia, diciéndole que diga a los paramédicos que la paciente había entrado en paro.

A los pocos minutos, tres médicos del SAMEC llegaron e intentaron reanimar a la paciente, pero fue en vano. Posteriormente, la hermana de Ulibarri, quien fue testigo de las idas y venidas del personal del centro médico, movimiento que terminó cuando le comunicaron que María Cristina había muerto.

En cuanto a la causa del deceso, el fiscal señaló que las pericias médicas indican como probables complicaciones cardiovasculares. Los peritos concluyeron que “la muerte de Ulibarri, al no observarse lesiones orgánicas de tipo traumáticas y/o isquémicas, en la autopsia ni en la anatomía patológica, descartaron las complicaciones locales. En el estudio patológico del corazón, en tanto, se observó un aumento del tamaño del mismo con hipertrofia ventricular izquierda, patología que demanda un mayor gasto cardíaco y consumo de oxígeno, por lo que puede relacionar la causa de muerte con las complicaciones cardiovasculares antes mencionadas del procedimiento.”.

La aparición de una hipertrofia ventricular izquierda, según los peritos y el fiscal, podría haberse detectado si la médica habría requerido a la paciente un estudio cardiovascular, cosa que no hizo, como tampoco el interrogatorio previo al procedimiento médico.

 

Negligencias

“Analizada la conducta de Brandoni, estimo que la misma incurrió en una serie de negligencias antes y después del procedimiento de bloqueo radicular, en contra de lo que indica el protocolo, teniendo incidencia directa en la causa de muerte de Ulibarri, razón por la cual la misma debe responder por el delito de homicidio culposo por mala praxis”, sostuvo el fiscal.

Agregó que la médica acusada “realizó un procedimiento invasivo (como lo es la infiltración radicular guiado por tomografía) a Ulibarri sin haberle pedido estudios previos o haberle realizado una evaluación previa (consistente en un interrogatorio, examen físico: peso; signos vitales, exploración especifica cardíaca y pulmonar; valoración de estudios de laboratorio, etc.”.

Asimismo, señaló que la junta médica que analizó el caso indicó que estos pasos fueron definido como “imprescindibles a los fines de valorar la viabilidad de realizar este tratamiento invasivo teniendo en cuenta que se trataba de una paciente de riesgo, ya que según se determinó en la autopsia, Ulibarri evidenciaba obesidad central y presentaba como factor de riesgo “hipertrofia ventricular izquierda”, el cual se podría haber detectado antes del procedimiento de haberle indicado estudios previos, a saber: electrocardiograma, ecocardiograma dopler, resonancia magnética nuclear, entre otros”.

 

Centro médico

 

Entre otras falencias, el fiscal indicó que “otra omisión grave en la que incurrió la imputada, que implica una violación al deber de cuidado, es que no tenía desfribiliador, lo cual se constató mediante la inspección ocular realizada por la fiscalía en el centro de diagnóstico donde se produjo el deceso de Ulibarri.”.

La junta médica, en tanto, fue clara al sostener que: “el uso de desfibrilador habitualmente incrementa las posibilidades de salvar la vida, fundamentalmente cuando se realiza en los primeros minutos desde el paro cardiorespiratorio.”

Por otra parte, la junta médica indicó que un centro médico que cuente con un tomógrafo debe contar obligatoriamente con un desfibrilador. “Sumado a toda esta cadena de negligencias, se verificó que el centro de diagnóstico no contaba con habilitación, ya que nunca se inició el trámite correspondientes, según lo informado por el Director de Infraestructura, Bioing. Ramiro Barreiro del Ministerio de Salud Pública”.

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