justicia

Insisten con el pedido de allanamiento al Arzobispado por el caso Lamas

El fiscal Sergio Federico Obeid, pidió que se revoque el fallo que impidió el secuestro de documentación que el Arzobispado se niega a entregar
martes, 06 de noviembre de 2018 · 09:09

SALTA (Redacción) – El caso del cura Emilio Lamas comenzó a generar más dolores de cabeza que los pensados en la Iglesia. Ahora el fiscal Sergio Federico Obeid reiteró el pedido de allanamiento al Arzobispado por la negación de su representante a declarar. Según el Fiscal, el valor de esa prueba es importante y descartó que existan impedimentos legales para poder hacerlo.

La presentación se hizo en el marco de la investigación que se lleva adelante contra el ex párroco de Rosario de Lerma, Emilio Raimundo Lamas por delitos de índole sexual en contra de un ex monaguillo y de una mujer que denunció haber sido abusada en su adolescencia.

A partir de esto, a Lamas se le imputaron los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el hecho cometido por un sacerdote y por la guarda y por abuso sexual simple agravado respecto a la denuncia del ex monaguillo y por el segundo hecho denunciado, el ex sacerdote fue acusado de corrupción de menores.

Al abrir la investigación, la Fiscalía solicitó al Arzobispado de Salta, con sede en calle España 596, copias del juicio canónico seguido contra Lamas por los abusos denunciados por el ex monaguillo, pero el arzobispo Mario Antonio Cargnello se negó a aportar tal prueba y aludió que un acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Argentino, firmado en 1966, le impedía entregar tal documentación.

Este argumento fue compartido por la jueza de Garantías, Claudia Puertas, quien interviene en la causa y rechazó el pedido de allanamiento del Arzobispado para el secuestro de dicha documentación, medida que había sido requerida desde la fiscalía tras la negativa de Cargnello a entregar dichos documentos.

Ante ello, Obeid volvió a insistir con el pedido allanamiento y secuestro de la documentación, ya que el protocolo interno de la Iglesia para el juicio canónico establece que al momento de la apelación del sacerdote juzgado a la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF), con sede en el Vaticano, sólo se remiten copias de las actuaciones.

Por ello el fiscal reiteró que no existe impedimento físico para la obtención de dicha prueba. En tal sentido, interpuso un recurso mediante el cual solicitó que la resolución de la jueza Puertas sea revocada y se ordene la medida judicial (allanamiento y secuestro) tendiente a la obtención de dichos documentos.

En ese orden de ideas, indicó que la modalidad de cómo se llevó adelante la investigación eclesiástica y el por qué Lamas fue condenado en proceso canónico, no está en tela de juicio, ya que la Iglesia Católica tiene el libre y pleno ejercicio de su jurisdicción en el ámbito de su competencia para la realización de sus fines específicos, tal como lo reconoce la ley 17.032, en la medida que la aplicación del Código de Derecho Canónico no suscite cuestiones que interesen al orden público nacional o que lesionen principios consagrados por la Constitución Nacional, lo que si incumbe a la Fiscalía investigar en aras de esclarecer los hechos denunciados.

“Tolerancia cero”

Entre otros argumentos, el fiscal señaló que la postura de “defensa a ultranza” en que incurre el Arzobispado en función del “secreto o reserva” de los procedimientos, investigaciones y sanciones que se realicen en el seno interno de la Iglesia, “no se condice con la línea directriz que ha trazado el Papa Francisco en temas vinculados con lo aquí discutido”.

“Ha dicho el Sumo Pontífice que “La verdad es la verdad y no debemos esconderla”, tras conocer los nuevos datos sobre casos de pedofilia en Granada, al sur de España, por parte de tres sacerdotes. Puede leerse también que “Desde su elección en marzo del 2013, el Papa Francisco ha defendido la “tolerancia cero” contra los curas abusadores, ha pedido perdón a las víctimas y se ha comprometido a luchar contra la pederastia.

Asimismo, Obeid citó un fallo de Mendoza, en el cual se sostuvo que “…Considerar que la Iglesia Católica, en su calidad de persona pública no estatal, se encuentra obligada a cumplir con el deber de informar que consagran los Tratados internacionales de Derechos Humanos, no implica en modo alguno vulnerar el Derecho Canónico ni el Concordato firmado con la Santa Sede”.

Además, en dicho precedente, se afirmó que “la ONU fustigó el “código de silencio” que se adoptó para silenciar a las víctimas y dijo que la Santa Sede “sistemáticamente privilegió la preservación de la reputación de la Iglesia y el presunto ofensor sobre la protección de los niños’.

Caso Ilarraz

Finalmente, Obeid insistió en utilidad de la prueba y aludió al caso Ilarraz, ocurrido en Entre Ríos. “Muy por el contrario a la reticencia del Arzobispado de Salta en aportar copias del proceso eclesiástico seguido en contra del imputado Lamas, en un caso de gran connotación pública y ventilado ante los estrados judiciales de la Provincia de Entre Ríos, “la Iglesia Católica a través del Arzobispado de Entre Ríos (En ese entonces, Estanislao Karlic), entregó voluntariamente la documentación correspondiente el proceso canónico seguido en contra del sacerdote Ilarraz, el que fue incorporado como material probatorio – prueba documental – y valorada por el Tribunal de Juicio al momento de dictar sentencia condenatoria el 21/05/2018 (Fue condenado a 25 años de prisión)”.

En función de estos argumentos, y otros más provenientes de fallos y jurisprudencia, el fiscal solicitó la revocación del fallo que impidió el allanamiento y secuestro de dicha documentación, lo que ahora deberá ser resuelto por el Tribunal de Impugnación.

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